Estrategias para la definición de una política nacional
Por el Dr. Arq. Guillermo Tella y el Lic. (Urb) Martín Muñoz
Una mirada renovada sobre el hábitat
El enfoque tradicional de las políticas públicas sobre la vivienda ha llegado a un punto de agotamiento. La urgencia de una transformación conceptual exige pasar de considerar “la vivienda como el quid del problema” a entender “el hábitat como el quid de la cuestión”. Esta transición permite una visión holística sobre las necesidades de una población creciente, que enfrenta vulneraciones en su derecho al acceso a la vida urbana.
Para ello, se requiere el diseño de instrumentos de escala local que habiliten políticas activas multisectoriales. Es imperativo avanzar hacia una ley nacional de usos del suelo que establezca un marco general, pero que obligue a cada provincia a desarrollar su propia normativa, basada en presupuestos mínimos adaptados a sus condiciones naturales, sociales y económicas. En todos los casos, el acceso al hábitat digno debe ser una línea estratégica troncal, en cumplimiento de la garantía constitucional.
El cambio conceptual como motor de transformación
Abordar el déficit habitacional demanda una visión inclusiva que promueva el desarrollo en un marco de reproducción social equitativo, antes de que se consoliden procesos de segregación, inequidad e inseguridad urbana. Las propuestas deben ser sistémicas, retomando experiencias internacionales y locales que han sido abandonadas por los cambios en los modelos de acumulación económica.
Una mirada holística permitiría, por ejemplo, considerar la función social de la propiedad, el principio de subsidiariedad, el rol del Estado como garante del derecho constitucional a la vivienda, y figuras jurídicas como el usufructo, el comodato o el alquiler con opción a compra. También se propone el control de precios del suelo y la recuperación de construcciones ociosas y especulativas.
Nuevos dispositivos para la producción masiva de vivienda
La construcción de vivienda colectiva para diversos sectores sociales requiere mecanismos modernos y eficientes. A través de convenios urbanísticos y asociaciones público-privadas, se puede dinamizar la actividad económica y ampliar la oferta inmobiliaria.
Estos dispositivos deben garantizar calidad, funcionalidad, integración socio-urbanística y sostenibilidad. Además, deben favorecer la densificación de áreas urbanas existentes y el desarrollo de nuevas zonas, aprovechando infraestructuras ya instaladas.
Convenios urbanísticos: una vía factible
Los consorcios urbanísticos permiten la ejecución conjunta de proyectos entre organismos gubernamentales y actores privados. Uno aporta el suelo, el otro la obra, y ambos reciben unidades urbanizadas como compensación. Esta modalidad aumenta la factibilidad de los proyectos, promueve el compromiso social empresarial y diversifica la oferta inmobiliaria en entornos mixtos y no segregados.
Equidad territorial y acceso al hábitat
Eliminar el déficit urbano habitacional implica garantizar condiciones materiales, servicios y espacios adecuados para toda la población. Es necesario equi-distribuir cargas y beneficios en las oportunidades territoriales que ofrece la ciudad, especialmente en su accesibilidad a espacios de centralidad funcional.
La clave está en atender integralmente la demanda urbano-habitacional, impulsar políticas que aseguren el derecho progresivo a la vivienda, y facilitar el acceso a equipamientos, servicios e infraestructura urbana.
Participación multisectorial para la integración urbana
Este proceso debe incluir a los distintos niveles de gobierno, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil. Es imperioso fomentar proyectos habitacionales, urbanizaciones sociales y procesos de regularización de barrios informales, con el objetivo de contener integralmente a los sectores más vulnerables.
Reglas claras para un desarrollo justo
Establecer reglas de juego simples, claras y justas es fundamental para garantizar la equidad en el acceso al hábitat. La regulación normativa debe evitar desigualdades socioeconómicas y desalentar la concentración especulativa del suelo.
El cumplimiento de estas reglas aporta transparencia y legitimidad a los proyectos. Se requiere una evaluación constante de las políticas implementadas, con participación activa en todas sus etapas.
Estrategias para una política integral de hábitat
- Conformación de políticas integrales con principios y normativas unificadas
- Reducción del déficit de infraestructura, equipamiento comunitario y espacios verdes
- Desarrollo de suelo urbanizable en centros urbanos a densificar
- Regularización dominial con nuevos institutos jurídicos
- Respeto por la diversidad ambiental y el patrimonio cultural
- Fortalecimiento de ciudades intermedias con equipamientos adecuados
- Revisión sistemática de políticas de vivienda y hábitat
- Instrumentos normativos para una equi-distribución territorial
- Gestión urbanística con participación comunitaria
- Coordinación de inversiones orientadas por la planificación
Conclusión: hacia una planificación articulada
Abordar el déficit habitacional exige normas claras que orienten la inversión pública y privada, consoliden un desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente inclusivo, y articulen eficazmente la planificación entre los distintos niveles de gobierno. La coordinación vertical y horizontal de acciones sobre el territorio es clave para lograr un hábitat justo, equitativo y accesible para todos.
Por el Dr. Arq. Guillermo Tella y el Lic. (Urb) Martín Muñoz
